PACHUCA DE SOTO, 30 MAR/NEWS HIDALGO/.- La presentación de la declaración de situación patrimonial en la modalidad de modificación es un mecanismo esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. El Contralor Álvaro Bardales, señala que este procedimiento permite dar un seguimiento detallado de la evolución del patrimonio de los servidores públicos, para fortalecer así los mecanismos de control establecidos en el Sistema Nacional Anticorrupción.
El propósito de estas declaraciones es prevenir actos de corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Al reportar cualquier cambio en su situación patrimonial, los funcionarios proporcionan información que facilita la detección de posibles irregularidades y contribuye a evitar el enriquecimiento ilícito.
El análisis de las variaciones patrimoniales es una herramienta clave para identificar movimientos sospechosos en los bienes y derechos de los servidores públicos. Cualquier modificación significativa puede ser objeto de revisión para garantizar que los incrementos en el patrimonio sean legítimos y justificados.
En 2024, un total de 82,828 servidores públicos cumplieron con esta obligación, alcanzando un 99.63% de cumplimiento. Para este año, alrededor de 80,000 funcionarios deberán presentar su declaración de modificación, y se espera superar las cifras del año anterior.
El cumplimiento de esta obligación no solo fortalece el acceso a la información pública, también contribuye a consolidar un entorno de confianza en el que las instituciones gubernamentales operen con mayor transparencia y apego a la legalidad.
El incumplimiento a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de interés, trae como consecuencia la imposición de una sanción administrativa, la cual puede ser; amonestación privada, amonestación pública, suspensión, destitución o inhabilitación temporal para desempeñar un cargo o comisión en la administración pública.
