CIUDAD DE MÉXICO, 10 SEP/NEWS HIDALGO/.- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de cero impunidad del gobierno federal, la Guardia Nacional, a través de la Dirección General Científica, en colaboración con la Fiscalías de los estados de Baja California, Guerrero y Guanajuato, en el mes de agosto lograron la detención y sentencias condenatorias contra cuatro personas por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil.
Las investigaciones se derivaron de la colaboración internacional con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés), organización que remitió a las autoridades mexicanas los reportes sobre la producción y transmisión en internet de imágenes con contenido de abuso sexual infantil.
Con base en la información, especialistas de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional realizaron el análisis e investigación cibernética, que contribuyeron a la identificación y ubicación de los posibles responsables en los cuatro casos, así como el rescate de dos víctimas menores de edad.
La Guardia Nacional presentó las denuncias de hechos por el probable delito de pornografía infantil ante las Fiscalías Generales de los estados de Baja California (dos casos), Guerrero y Guanajuato, como parte de las acciones del Operativo Salvación.
Derivado de lo anterior, los ministerios públicos solicitaron las órdenes de aprehensión, las cuales fueron ejecutadas en los municipios de Tijuana, Baja California; Acapulco, Guerrero y Valle de Santiago, Guanajuato.
En el mes de agosto se ejecutaron tres órdenes de aprehensión por la presunta producción, distribución y almacenamiento de contenido sexual infantil y, en un caso adicional, el presunto responsable fue ubicado y solo se vinculó a proceso por tratarse de un menor de 18 años. En dos de estos casos ya se obtuvieron sentencias condenatorias
La Guardia Nacional refrenda su colaboración con las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas, para llevar a cabo labores de investigación que combaten este tipo de delitos que atentan contra la sociedad.
