Por Alina Archundia Ramírez
México, 12 Jun (Notimex).- El gobierno federal carece de políticas públicas específicas en favor de la niñez y sus problemáticas como la explotación laboral infantil, consideró Christian Amaury Ascencio Martínez, académico del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Desafortunadamente no hemos visto, por lo menos en el tiempo que lleva este gobierno, atención específica hacia la niñez. Es un terreno aún abandonado y minimizado, tal y como se demostró con la suspensión de las estancias infantiles relacionado directamente con la crianza y desarrollo infantil”, expuso.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora este miércoles, el experto explicó que la crianza y el cuidado de la niñez mexicana debe asumirse también por el Estado y terminar con el tabú cultural que es sólo un asunto privado y exclusivo de las familias.
En entrevista con Notimex propuso la creación de espacios de supervisión y capacitación de crianza para evitar el maltrato, como el trabajo infantil, así como un marco jurídico que permita la intervención directa de la sociedad cuando atestigüe la violación de los derechos infantiles.
Advirtió que el riesgo de no atender y defender a la niñez mexicana es que son los jóvenes y adultos del futuro que, como padres e integrantes de una de las sociedades más violentas del mundo como es la mexicana, replicarán las conductas de cualquier tipo de maltrato.
“Uno de los grandes riesgos de no atender a la temprana infancia, es no tener buenos ciudadanos. Si no fortalecemos esas etapas iniciales de la vida, que es donde se adquieren la mayor parte de principios, valores y reglas, no esperemos la recomposición social”, alertó el experto.
Recordó que el Módulo de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que hasta 2017, 3.2 millones de niños y adolescentes (de cinco a 17 años) trabajaban en actividades no permitidas, no remuneradas y domésticas, en condiciones inadecuadas.
Ascencio Martínez destacó que de acuerdo con el Inegi en ese año la población infantil ascendía a 29.3 millones, de la cual 11 por ciento trabajaba, y 6.4 por ciento hacía labores subordinadas relacionadas con el sector agropecuario, servicios y comercio.
De ese 6.4 por ciento, dijo, el instituto señala que más de un tercio no recibe ingresos por su labor, un tercio gana hasta un salario mínimo y el resto obtiene de uno a dos salarios mínimos.
El académico refirió que el Módulo de Trabajo Infantil estima que en México 21 millones de habitantes de cinco a 17 años realizan quehaceres domésticos en sus hogares sin recibir remuneración; de ese total, 1.4 millones lo hacen en condiciones inadecuadas.
En este contexto, el académico del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM aseguró que si bien existe un andamiaje jurídico establecido en la Constitución Política a través del artículo Cuarto correspondiente a Derechos Humanos, que incluye a los niños, se requieren acciones de política pública que transformen los procesos socio culturales.
“De nada sirve un marco jurídico establecido si sólo se conciben los niños como potestad de su padres o tutores y si no se realizan estos ejercicios como la denuncia e intervención ciudadana, no tiene mucho sentido tener un marco jurídico más preciso y robusto”, advirtió.
Consideró que es necesario cambiar nociones arraigadas como el hecho de que los padres pueden maltratar y explotar cuando quieran a sus hijos; “como si fueran cosas” sin respetar el interés superior de la infancia que está por encima de esos conceptos privados y familiares.
Ascencio Martínez opinó que esas creencias culturales impiden la protección de los niños y traen como consecuencia que la explotación infantil sea un panorama cotidiano de la vida, como los niños que venden dulces en los cruceros o hacen malabarismos.
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