PACHUCA DE SOTO, 28 MAR /NEWS HIDALGO/.- Con el objetivo de fortalecer la transparencia y asegurar el cumplimiento de la normativa legal en las contrataciones públicas, el gobierno de Julio Menchaca, a través de la Contraloría, mantiene una revisión continua sobre las contrataciones realizadas por las dependencias y organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo.
Cada mes, durante los primeros cinco días hábiles, las dependencias y organismos deben presentar, mediante la plataforma del Sistema Integral de Procedimientos de Contratación (SIPC), un reporte detallado sobre las contrataciones realizadas en el mes anterior. Esta revisión permite verificar las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo los procesos de contratación y asegurar que se ajusten a la normativa vigente.
En el primer trimestre de 2025, la Contraloría revisó un total de 5 mil 973 reportes de contrataciones correspondientes a adquisiciones y obras públicas. De estos, 4 mil 947 provienen de 65 Organismos Públicos, mientras que mil 026 reportes fueron presentados por 16 Secretarías del Poder Ejecutivo.
Durante este periodo, se ejecutaron recursos por un total de 3 mil 550 millones 104 mil 117 pesos: mil 944 millones 915 mil 364 pesos en adquisiciones y mil 605 millones 188 mil 753 pesos en obras públicas.
En cuanto a los procedimientos utilizados para las contrataciones, 97% se contrató vía procesos públicos, se reportó que el 58.2% de los recursos fueron ejecutados a través de licitación pública, el 30.25% por adjudicación directa por excepción, el 9.1% por adjudicación directa por monto y solo el 2.3% a través de invitación a cuando menos tres personas.
La verificación de los montos máximos y mínimos establecidos por la ley, las revisiones mensuales también incluyen la recopilación de datos sobre los proveedores y contratistas con los que se formalizaron los contratos, asegurando así la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Este proceso de auditoría constante, el Contralor Álvaro Bardales, busca generar una mayor confianza en la ciudadanía al garantizar que las contrataciones del gobierno estatal se realicen bajo principios de legalidad, eficiencia y equidad.
