Presentan constructores a legisladores propuesta de reformas a Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
PACHUCA DE SOTO, 26 Nov /News Hidalgo/.- Para presentar una propuesta de reforma a diversos artículos de la legislación sobre obras públicas, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y movilidad se reunieron dirigentes estatales del Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), diputados de diversas comisiones de la LXIV Legislatura local.
Los representantes de desarrolladores locales de vivienda estimaron en esta oportunidad que son múltiples los factores que afectan tanto a los empresarios como a los usuarios de vivienda de interés social; señalaron específicamente el exceso de regulaciones y la discrecionalidad con que se aplican en el nivel municipal porque no se ha homologado en el estado con la Ley General de Asentimientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada en 2016 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Esta primera reunión se llevó a cabo a partir de la solicitud de los empresarios al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, para dar a conocer las propuestas e iniciativas de reforma a la legislación en materia de obras públicas, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y movilidad.
En el estado, 28 empresas invierten en fraccionamientos de interés social entre un 65 y 68%, dijo el presidente de la delegación hidalguense de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Carlos Henkel Escorza, al tiempo que presentó la propuesta de iniciativa de reforma para modificar 16 de los 25 artículos de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial estatal que prevé diseñar un banco de proyectos con visión a futuro; que los planes no sean sexenales; que la información en Compranet sea clara y transparente; que exista un registro único de contratistas para evitar la tramitología excesiva que puede llegar a tomar hasta año y medio.
La propuesta, dijo el empresario, evita discrecionalidad y el compadrazgo que es práctica frecuente entre autoridades municipales y genera competitividad entre los constructores hidalguenses porque, aseguró, la realidad es que los desarrolladores locales no participan como deberían.
Jorge González Corona, vicepresidente de la delegación local de Canadevi, explicó asimismo que es necesario sensibilizar a las autoridades municipales de que la sobrerregulación, el excesivo incremento en gravámenes, la discrecionalidad en la aplicación de los reglamentos, entre otros, provoca perjuicios al usuario final porque “todos los costos se trasladan al precio final de la vivienda”.
La diputada morenista Roxana Montealegre Salvador, coordinadora de la mesa, estimó que es necesario un cambio de visión al acercarse al tema, y ver a la vivienda como un derecho de los ciudadanos; dijo que es importante que evitar el desvío de recursos habitual, el cual provoca que un problema que se da entre los municipios y el gobierno del estado hace aparecer al empresario como villano “y al final el afectado es el ciudadano”.
Explicó además que los fraccionamientos muy alejados del centro de las ciudades han provocado también un problema de movilidad y que, aparejado a la necesaria dotación de servicios básicos, los habitantes necesitan también que se desarrollen planes de movilidad sustentable.
La diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mayka Ortega Eguiluz, quien en la pasada Legislatura presentó una modificación a la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, afirmó que es necesario tomar en cuenta la dimensión social dentro de los desarrollos de vivienda, con servicios de calidad, áreas verdes, accesibilidad, etcétera, dentro de un “ecosistema de negocios”, y ejemplificó con desarrollos ya establecidos en los que los servicios no son los adecuados.
Hay centros urbanos como el que se encuentra en el corredor Zempoala Matilde, con más de siete mil viviendas, que son verdaderas ciudades, con todas las complejidades que esto trae consigo, subrayó la legisladora.
Mientras que la legisladora pesista, Viridiana Jajaira Aceves Calva, mencionó que es necesario que sea el municipio el que obtenga los ingresos por la instalación de fraccionamientos, pues los beneficios en servicios deben ser para la región en que se desarrollan y el ayuntamiento es la autoridad regulatoria encargada de proporcionar bienestar a los habitantes.
Los constructores coincidieron en la importancia del desarrollo sustentable y con visión ciudadana, se dijeron a favor de lo expuesto por las legisladoras, pero señalaron que, en cuanto a responsabilidad en los servicios, ellos sí llevan a cabo lo establecido por las autoridades, pero son los municipios los que a la hora de prestar el servicio incumplen.
Al respecto, el presidente de la CMIC, Henkel Escorza, dijo que es necesario atacar el desarrollo de líderes sociales que hacen “fraccionamientos incluso sin uso de suelo”.
Al cierre de la mesa de trabajo inicial, el diputado y presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, señaló que ante el crecimiento desordenado que se ha dado en el estado, los concursos de licitación simulados y malas prácticas en general, es necesario democratizar el rubro, pues la industria de la construcción es detonadora del bienestar social.
Los asistentes se comprometieron a una segunda reunión para el próximo 4 de diciembre, cuando habrán de ahondar en los temas desarrollados y avanzar en planteamientos en beneficio tanto de habitantes como de la iniciativa privada.
