PACHUCA DE SOTO, 18 ENE/News Hidalgo/.- Con base en las investigaciones realizadas por una representante del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Procedimientos Penales región oriente, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, cuatro personas del sexo masculino fueron vinculadas a proceso por la autoridad judicial.
El pasado 26 de diciembre del 2020, la apoderada legal de una empresa ubicada en la localidad de Acayuca perteneciente al municipio de Zapotlán, dedicada a la comercialización de abarrotes recibió llamada de un supuesto cliente, quien a nombre de otra persona, le solicitó diversos productos con valor superior a los $100, 000.00 (cien mil pesos), pactando fecha, lugar y hora de entrega.
Días después dos hombres identificados como Eduardo Israel “N” y Geovanny “N”, se presentaron en las instalaciones de la mencionada empresa, donde se les hizo entrega de una parte de la mercancía solicitada.
Una vez que llegó la fecha para hacer la entrega del resto de la mercancía, personal de la empresa comercializadora de abarrotes acudió al establecimiento de quien supuestamente solicitó el pedido, sin embargo los propietarios del establecimiento desconocían de la compra de esa mercancía y negaron que hayan enviado a supuestos empleados para recoger una primera entrega.
Derivado de estos hechos, las víctimas acudieron a la agencia del Ministerio Público para solicitar se diera inicio a la carpeta de investigación.
La agente del ministerio público comenzó con las investigaciones por los hechos señalados por la ley como fraude, derivado de las mismas se conoció la probable responsabilidad de Eduardo Israel “N”, Geovanny “N”, Gerardo “N” e Isaac Jacobo “N”.
En audiencia inicial la agente del Ministerio Público formuló la imputación correspondiente con base en los medios de prueba recabados en contra de las cuatro personas que por determinación de la autoridad judicial fueron vinculadas a proceso.
A los imputados les fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La autoridad judicial dictó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
