PACHUCA DE SOTO, 05 MAR/NEWS HIDALGO/.- Integrantes de la LXV Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo llevaron a cabo sesión. La presidenta de la mesa directiva del mes de marzo, Elvia Sierra Vite, dio lectura a las comunicaciones oficiales donde los ediles de los municipios de Ixmiquilpan, Chilcuautla, Tepeapulco y Actopan solicitan licencia del cargo, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Gobernación.
Posteriormente, y después de aprobar la orden del día, la diputada plurinominal Rocío Jaqueline Sosa Jiménez dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto para establecer el Día del Maguey en el Estado de Hidalgo, que tiene como objetivo reconocer la importancia histórica, ecológica, económica, social y cultural del maguey en la región.
Durante la exposición de motivos, Sosa Jiménez señaló que esta propuesta se fundamenta en la amplia tradición del maguey en la región y busca honrar este elemento central en la identidad y economía hidalguense, además de que es una planta fundamental en la historia y la vida cotidiana del estado de Hidalgo. «Podría contar con un día especial de conmemoración gracias a una iniciativa presentada por destacados legisladores estatales». Señaló que la propuesta busca no solo reconocer la labor de los productores y la relevancia económica del maguey, sino también resaltar su papel en la conservación ambiental y el desarrollo sostenible. Con este paso, Hidalgo se encamina hacia el reconocimiento formal de una tradición arraigada en la identidad estatal y en la historia de México.
Siguiendo con la orden del día, la diputada por el Partido del Trabajo Tania Valdez Cuellar sometió a consideración del pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un último párrafo al Artículo 13 Bis de la Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para el Estado de Hidalgo. Señaló que se tiene como objetivo garantizar que los recursos presupuestarios asignados al sector agropecuario no sean inferiores al ejercicio fiscal anterior, respondiendo así a la demanda generalizada de inversión en actividades productivas primarias y en beneficio de quienes laboran en el sector. Esta medida se presenta como una estrategia necesaria para impulsar el desarrollo agropecuario mediante una inversión estratégica que beneficie tanto a la entidad como a los productores, en línea con las demandas del sector y las metas de desarrollo sostenible.
Nuevamente, la petista Tania Valdez Cuellar hizo uso de la tribuna para presentar la propuesta para reformar el artículo 8 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, con el objetivo principal de reconocimiento a las personas y entidades que contribuyan de manera significativa a la protección, fomento y desarrollo sostenible de la pesca y acuacultura en la región, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y promover la conservación de los ecosistemas acuáticos.
Durante su exposición de motivos, indicó que la iniciativa, también signada por sus compañeros de bancada Aarón Charrez Paloma, Jesús Osiris Leines Medécigo, Elvia Yanet Sierra Vite y los legisladores María Adelaida Muñoz Jumilla y José Antonio Hernández Vera, responde a la importancia creciente de la pesca y la acuacultura en el contexto local y global, en línea con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La presidente de la mesa directiva del mes de marzo, Elvia Sierra Vite, dio paso a la lectura, discusión y votación de dictámenes y acuerdos económicos, en donde se aprobaron los dictámenes 651,652,650, y como miembro de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia dio lectura al dictamen de Reforma a la Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo, en el que tras un riguroso proceso de estudio y análisis, se presentó ante el Pleno un proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones a la Ley de Víctimas en la entidad.
Este proyecto, respaldado por las disposiciones constitucionales y los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos, propone medidas concretas para garantizar la asistencia y atención inmediata a las víctimas, así como para priorizar la reparación integral del daño, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes. Además, se establece la obligación de proporcionar asesoría jurídica, peritos e intérpretes o traductores lingüísticos, asegurando así un acceso efectivo a la justicia para todos los sectores de la población.
A su vez, su compañero de comisión Juan de Dios Pontigo Loyola sometió a consideración del pleno el dictamen de Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Hidalgo, señaló que tras considerar opiniones técnicas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso estatal, así como aportaciones de expertos, la comisión ha determinado la pertinencia de estas reformas para promover una convivencia pacífica y resolver conflictos de manera efectiva mediante mecanismos alternativos.
Mismas que, avaladas por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, incluyen la definición de la Cultura de la Paz y No Violencia, así como la promoción permanente de esta cultura en los procedimientos de mediación y otros métodos alternativos. Con el compromiso de impulsar la educación sobre estos valores en las escuelas y fomentar medidas de reparación basadas en la prevención y transformación de conflictos, Hidalgo avanza hacia una sociedad más justa y pacífica.
Posteriormente, Julio Valera Piedras presentó el dictamen por el que se fortalece el marco jurídico de protección animal en la región, mismo que propone reformas y adiciones al Código Penal del estado, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera más efectiva los delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales. Entre las propuestas destacan medidas para penalizar el abandono, incrementar la punibilidad por maltrato animal, y establecer consecuencias legales para quienes incurran en estas conductas reprochables.
Dicho dictamen refleja un compromiso genuino por mejorar la convivencia entre seres humanos y animales, reconociendo la importancia de proteger sus derechos y garantizarles un trato digno y respetuoso. Las reformas propuestas no solo buscan incrementar las sanciones para quienes cometan actos de crueldad o abandono, sino también establecer medidas concretas para la protección y el cuidado de los animales en situación de vulnerabilidad.
Más adelante se dieron lectura a los acuerdos económicos, en primer lugar, el representante del Partido Verde en el Congreso estatal, Octavio Magaña, exhortó respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo a fortalecer las acciones de capacitación destinadas a las juezas, jueces y personal judicial de primera instancia en la entidad, con el fin de robustecer sus conocimientos en materia de derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación.
La propuesta surge en respuesta a las preocupaciones manifestadas por el Diputado Timoteo López Pérez, quien señaló la necesidad de abordar actos de discriminación, violación de derechos humanos y prácticas indebidas dentro de las instalaciones judiciales. Reconociendo la importancia del Poder Judicial como garante de la justicia y los derechos fundamentales, se busca asegurar que las actuaciones judiciales se realicen con pleno respeto a los principios de igualdad y dignidad humana.
Siguiendo la orden del día, Ma. Adelaida Muñoz Jumilla de Nueva Alianza dio lectura al acuerdo económico de los miembros de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, en que se busca fortalecer las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de exámenes para la expedición de licencias y permisos de conducir en el estado. Señaló que este acuerdo surge en respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Zimapán, Hidalgo, quien, tras analizar la problemática del tránsito y seguridad vial en su municipio, consideró necesario solicitar la colaboración del Congreso Estatal para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública a hacer cumplir las normativas establecidas en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Hidalgo. Con este exhorto, se pretende reforzar la observancia de los requisitos y prácticas exigidas para la obtención de licencias de conducir, con el objetivo de promover una conducción segura y responsable en el estado.
De igual forma, la petista Elvia Sierra Vite, presentó un acuerdo económico dirigido a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el cual tiene como objetivo exhortar a este organismo a desarrollar protocolos de actuación para los elementos de las corporaciones de seguridad pública, con el fin de brindar una atención adecuada a las personas que ejercen el periodismo. El planteamiento surge ante la necesidad de proteger la labor periodística en el estado, considerando el riesgo al que se enfrentan los periodistas en su ejercicio profesional. Con base en estadísticas alarmantes que posicionan a México como uno de los países más peligrosos para el periodismo, se busca garantizar un ambiente seguro para los periodistas durante su trabajo. Por tanto, se propone que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo diseñe y ponga en marcha protocolos específicos para los elementos de seguridad pública, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos contra quienes ejercen esta importante labor.
Nuevamente, Octavio Magaña hizo uso de la tribuna para impulsar el acuerdo económico dirigido de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia en el estado. Este acuerdo surge a partir del planteamiento de la Diputada Sharon Macotela Cisneros, quien exhorta respetuosamente a las dependencias públicas estatales, municipales y organismos públicos autónomos a hacer cumplir esta reforma constitucional. La Ley 3 de 3 contra la violencia busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, estableciendo la prohibición de ocupar cargos en el servicio público a personas que enfrenten procesos por violencia contra las mujeres o sean deudoras alimentarias.
En su oportunidad, Juan de Dios Pontigo Loyola impulsó el acuerdo económico dirigido a fortalecer las acciones de prevención de la trata y explotación sexual infantil en el sector turístico del estado, al leer la fundamentación señaló que dicho acuerdo surge a partir del planteamiento de la Diputada Erika Rodríguez Hernández, quien exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo para que coordine acciones a nivel estatal y municipal, en el sector público, social y privado, para cumplir y difundir las directrices establecidas en el Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo. Esta medida busca prevenir los delitos de trata y explotación infantil en los servicios turísticos de la entidad, promoviendo así un entorno seguro para la infancia y la adolescencia en Hidalgo.
Continuando con la sesión ordinaria, la diputada Ma. Adelaida Muñoz Jumilla propuso el acuerdo económico dirigido al Encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con el objetivo de implementar un mecanismo de denuncias y/o querellas digitales, señaló que esta propuesta surge a partir del planteamiento del Diputado Timoteo López Pérez, quien enfatizó la importancia de brindar a la población herramientas tecnológicas para facilitar la presentación de denuncias, considerando la desconfianza en la autoridad y la pérdida de tiempo como razones principales para no denunciar delitos.
En este sentido, la diputada de Nueva Alianza también dio lectura al acuerdo económico dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo para que implemente las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este acuerdo, propuesto por el Diputado Timoteo López Pérez, tiene como objetivo exhortar al tribunal a cumplir con los plazos constitucionales para dictar sentencia y surge a partir del análisis realizado por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, donde se evidencia la violación sistemática de los plazos constitucionales para emitir sentencias en el estado, sustentado con datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios los cuales reflejan una preocupante situación, con un alto porcentaje de personas privadas de la libertad que no han recibido sentencia en tiempo y forma.
Por su parte, Julio Valera Piedras presentó el acuerdo económico con objetivo de exhortar respetuosamente a la titular de la SEP para que coordine la implementación de la enseñanza de lenguas originarias en los niveles medio superior y superior, dentro de los programas y planes escolares, con el fin de preservar la herencia cultural y lingüística de los pueblos y comunidades originarias. El acuerdo surge a partir de la preocupación compartida por los legisladores sobre la situación de las lenguas indígenas en México. Con un total de 68 lenguas indígenas en el país, la preservación de estas lenguas es fundamental para el fortalecimiento de la identidad y la dignidad de las comunidades indígenas. En este sentido, se hace un llamado a la SEP para que considere ampliar la oferta educativa mediante la emisión de clases virtuales impartidas por la recientemente creada Universidad de las Lenguas Indígenas de México, permitiendo así un acceso más amplio a este beneficio educativo para los estudiantes interesados.
Para dar paso a los Asuntos Generales, el diputado Luis Ángel Tenorio, en representación de la comunidad LGBT y en solidaridad con los derechos humanos, presentó un posicionamiento en contra del encarcelamiento de Manuel Guerrero, un hombre de nacionalidad mexicana y británica que lleva tres semanas detenido en Catar por su orientación sexual. La situación de Guerrero ha generado indignación y preocupación a nivel internacional, destacando la grave violación de los derechos humanos en el país, donde la homosexualidad es ilegal y puede resultar en penas de prisión. El caso de Manuel Guerrero resalta la urgente necesidad de proteger los derechos de la comunidad LGBT en Catar y en todo el mundo, y promover la igualdad y la no discriminación en todas las sociedades.
