PACHUCA DE SOTO, 19 MAR /NEWS HIDALGO/.- La inhabilitación es una sanción administrativa y consiste en que el responsable de la infracción no se contrate en ningún gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, sin importar su modalidad, confianza, honorarios o de base, impide ser proveedor, prestador de servicios o constructor como persona física o en el marco de sociedades mercantiles y en la ejecución de un contrato público. En actos de corrupción solo es una parte de la pena.
La ley de responsabilidades establece que la contraloría puede inhabilitar a un servidor público por no presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, la cual no podrá ser menor de tres meses ni mayor a un año. Es un veto por un periodo determinado que se vuelve a imponer en caso de reincidencia, la inhabilitación no exime al servidor público de presentar su declaración ya que su obligación no se extingue con la sanción.
La inhabilitación es independiente a las penas que apliquen los jueces o las medidas que impongan los tribunales por los delitos de corrupción. Mientras que la inhabilitación es una medida administrativa que evita el acceso a cargos o contratos públicos, las condenas de corrupción que imponen los jueces consisten en penas privativas de libertad, multas, confiscación de bienes y la reparación del daño. Así, se busca asegurar que quienes violan la ley, enfrenten las consecuencias y asuman los dos tipos de castigos, sin que una sanción impida la aplicación de la otra.
Todas las inhabilitaciones se reportan en el sistema nacional de servidores públicos sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y queda su registro a través de las Constancias de No Inhabilitación, que es el mecanismo para alertar de un funcionario irresponsable al que deben solicitar prueba de su idoneidad antes de contratarlo, con un alcance similar al de la Constancia de No Antecedentes Penales.
Otra herramienta a través de la cual se podrán consultar los registros de los servidores públicos sancionados es la Plataforma Digital Nacional, que permitirá que las autoridades anticorrupción tomen decisiones basadas en evidencia a partir de grandes cantidades de datos interconectados, como declaraciones patrimoniales, registros de faltas administrativas y contrataciones públicas.
Entre más alto es el nivel dentro de la administración pública, mayor es la responsabilidad de actuar con legalidad, transparencia y rendición de cuentas, quienes ostentan estos cargos deben ser un ejemplo para el resto de los servidores públicos y la ciudadanía.
La pena para el condenado a inhabilitación es independiente a las acciones de la Procuraduría, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Unidad de Investigación Financiera, las fichas rojas de INTERPOL, etc.. La inhabilitación es una etiqueta de investigación y de antecedentes laborales.
Los datos abiertos del portal de inhabilitados hacen posible que los medios de comunicación informen a la sociedad, esto porque las autoridades que emiten las sanciones se ven imposibilitados para hacerlo del conocimiento público.
En resumen, en temas de corrupción la inhabilitación es sólo una parte de la condena que enfrentan los responsables.
