ZEMPOALA, 10 JUL/.- Lo que en antaño era un oasis en el desierto y que servía como centro de abasto de agua para miles de vecinos de la región, ahora se ha convertido en un paraje desolado, donde el agua se desperdicia y se contamina con aguas residuales.
Vecinos de la comunidad de Santa María Tecajete, localidad ubicada al pie del cerro del mismo nombre, donde se encuentran los siete manantiales que dan vida al sitio declarado por la UNESCO en 2015 como Patrimonio Mundial de la humanidad, denunciaron el presunto desvío de agua de durante años estarían cometiendo las autoridades ejidales de esta comunidad; y es que de los siete manantiales declarados aguas nacionales hace casi 100 años, tres de ellos actualmente abastecen del vital líquido al poblado en cuestión y los otros cuatro deberían proveer de este recurso natural a las comunidades de Zempoala, Zacuala, San Juan Tepemazalco, Tepa el Chico y San Antonio Oxtoyucan, situación que ya no sucede, ya que de estos afluentes son desviados es su totalidad para beneficiar desde hace algunos años a los dueños de diversos invernaderos que se instalaron en la zona sin restricción alguna.
Colonos cercanos a este paraje cuya reserva natural está asentada en tierras ejidales, señalaron a propósito del quinto aniversario de la declaratoria, la probable complicidad de autoridades municipales y la comisaría ejidal, que han solapado el presunto saqueo de hasta un millón de litros de agua diariamente del conjunto de manantiales que forman parte de la cuenca del Panuco, en la que han aprovechado y lucrado con el vital líquido desde hace varias décadas.
Aradi Badillo Cuellar, vecina de esta localidad, dio a conocer que casualmente desde la llegada de estas naves de producción agrícola hace más de diez años, el nivel del agua comenzó a bajar drásticamente y actualmente tiene casi al borde de la sequía las dos represas que contienen el flujo del vital líquido que en antaño daba pie a abundante flora y fauna típica de la zona, gracias a que el nivel del remanente llegaba en su totalidad a los cuerpos de agua, situación que en la actualidad ya no sucede, ya que alrededor 70 u 80 por ciento del cauce es desviado deliberadamente hacia los invernaderos y para otros fines.
Esto también afecta el abasto de agua potable de la localidad en comento que depende de este afluente natural, cuya explotación y administración compete al Comité de Agua integrado por ciudadanos que actualmente procuran el uso racional y sustentable de este recurso natural que pareciera que a la comisaria ejidal en turno no le interesa cuidar, ya que durante los últimos años, han beneficiado a los empresarios jitomateros, que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, no cuentan con el permiso para la explotación de este recurso para fines agrícolas, situación que los gobiernos municipales anteriores y el actual así como los ejidatarios, no han transparentado y se niegan a hablar del tema.
Por otro lado, Gerardo Bravo, investigador que formo parte del grupo de intelectuales que elaboraron el expediente de postulación para que esta maravilla natural fuera declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, señaló que el tema obedece más bien a un asunto político añejo, pues quienes históricamente ostentan el manejo de los manantiales, lo hacen al amparo del gobierno local en turno, manteniendo cuotas políticas que les permiten ejercer pleno control del suministro de agua potable, empleando a su vez un doble discurso para controlar bajo amenazas, a quienes pretenden regular el desperdicio de agua de los cuatro manantiales que le corresponden a la cabecera municipal y pueblos vecinos, cuya agua de los otros tres manantiales pertenece al pueblo de Santa María Tecajete, aprovechamiento que está plenamente regulado.
Aunado a ello, señaló el investigador, desde hace varios años la asociación civil del Patronato Acueducto del Padre Tembleque, a través del abogado Saúl Uribe Ahuja, han intentado infructuosamente en las más altas esferas gubernamentales, detener este ecocidio, que irremediablemente se mantiene vigente por los acuerdos políticos de las autoridades locales.
En opinión de los vecinos, los bajos niveles de agua ubicados en la denominada presa “Los Chopos”, donde se desvía hasta el 95% de la totalidad de los cuatro manantiales referidos, dejaron al descubierto las tuberías que se han instalado al cobijo de la ilegalidad y que se conectan a cárcamos de bombeo que abastecen del recurso a los invernaderos que desde hace años operan, lo que estaría evadiendo el pago de miles de pesos por concepto de consumo de agua a los empresarios del ramo.
Los informantes expusieron que de acuerdo al Registro Público de Derechos del Agua, instancia encargada de otorgar los títulos y permisos de las aguas nacionales y sus bienes públicos, existe un título expedido por la Conagua desde hace muchos años y que apenas en el 2018 fue actualizado a favor del ejido de Santa María Tecajete, con número de folio 13HGO155439/26GDDL18, el cual establece que solo se le podrá dar utilidad pecuaria al agua que se almacena por escurrimientos pluviales y no para otros fines como presuntamente la comisaria ejidal lo estaría propiciando.
Por este motivo los pobladores piden la intervención de la Conagua para que se haga una supervisión a fondo del problema y verifiquen la presunta corrupción y tráfico de influencias que en este problema se estaría presentando desde hace decadas para el uso indiscriminado e irracional del agua patrimonio cultural de la humanidad.
