PACHUCA DE SOTO, 09 May /News Hidalgo/.- La maternidad libre y voluntaria es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, establecidos en las leyes mexicanas. Sin embargo, la cultura patriarcal ha impedido su ejercicio pleno, al perpetuar estereotipos y roles de género como el ser madre, a grado tal que ha normalizado la procreación como único o principal destino de toda mujer, con la cual se justifican situaciones de violencia que merman su desarrollo, expresó María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), quien mencionó que un 98 por ciento de las mujeres atendidas por el IHM, son madres de familia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, en Hidalgo la violencia psicológica ocupa el primer lugar con 39.6 por ciento, le sigue la obstétrica con 35 por ciento y la económica/patrimonial con 22.1 por ciento; el origen de las agresiones es diverso pero una causa que influye de manera importante es la asignación de actividades consideradas de menor valía a las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en Hidalgo el trabajo no remunerado (tareas del hogar, cuidados a enfermos y la crianza de las y los hijos) recae en mujeres en 63 por ciento, lo que dificulta su acceso al sector productivo formal, que se refleja en apenas 39.7 por ciento de mujeres en la Población Económicamente Activa estatal.
No obstante, dijo que hay avances en las acciones con enfoque de derechos humanos, donde la maternidad, número y espaciamiento de las/los hijos es entendida como una decisión personal, informada y libre de prejuicios, considerando que las mujeres deben acceder a la participación en igualdad de condiciones, a todas las ramas del quehacer humano. Impulsar este estatus es una corresponsabilidad de Gobierno y Sociedad. En Hidalgo el gobernador Omar Fayad contempla en su Plan Estatal de Desarrollo una política transversal de perspectiva de género que busca precisamente ampliar las capacidades de las mujeres en todos los ámbitos.
Una acción afirmativa en este sentido es el fomento al autoempleo para mujeres. En 2018 se otorgaron 396 créditos e impartieron mil 226 cursos de capacitación beneficiando a 22 mil 68 mujeres. De esta forma se cierran ciclos de empoderamiento para quienes viven alguna situación de violencia, ya que la autonomía económica les posibilita denunciar y terminar con relaciones dañinas, sin temor a quedarse sin recursos para su manutención y/o la de sus hijas e hijos, ya que en la mayoría de los casos el agresor es la pareja.
Por esta misma razón, la asesoría jurídica es la más solicitada. En 2018 de los 101 mil servicios que se otorgaron a mujeres, 44 mil fueron de índole jurídica, y de ellos mil 179 fueron relacionados con juicios de guarda y custodia y pensión alimenticia. En psicología la atención incluye a las y los hijos menores, dado que la violencia contra las mujeres impacta a los demás miembros de la familia, especialmente a la niñez.
En materia de violencia también se toma en cuenta la alta vulnerabilidad de mujeres adultas mayores y adolescentes. La ENDIREH 2016 reporta 20.8% de mujeres mayores de 60 años en situación de violencia. Por su parte, el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), reporta que en 2018 en la entidad hubo 212 nacimientos en adolescentes de 10 a 14 años y 8 mil 47 nacimientos en jovencitas de 15 a 19 años, por ello la importancia de acciones pata la prevención que el IHM realiza como parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA).
En materia de violencia obstétrica, subrayó que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo recientemente se incorporó el tipo Violencia contra los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es toda acción u omisión que vulnere el derecho de las mujeres de cualquier edad a decidir de manera libre, voluntaria e informada sobre su sexualidad y el número y espaciamiento de sus hijas e hijos; acceder a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia; a una maternidad elegida y segura; a servicios de interrupción legal del embarazo en el marco jurídico previsto en la legislación vigente en el Estado; así como a servicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia.
