Hidalgo se convierte en el estado más avanzado en Protección Animal
PACHUCA DE SOTO, 07 JUN/NEWS HIDALGO/.- La mañana de este martes 07 de junio se llevó a cabo la sesión ordinaria número 63 de la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo, actividad en la que se presentaron ocho iniciativas en materia de Código Penal, Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley para la Familia, entre otros.
Además, fueron aprobados dos dictámenes sobre protección animal y salud sexual.
La sesión comenzó con la participación del diputado Toño Hernández, quien propuso adicionar en el Código Penal para el estado la clasificación de conductas para tutelar bienes jurídicos que no están bajo la protección del derecho y se encuentran expuestos al empleo o uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación, violentando o dañando los bienes que utilizan las personas e instituciones en el desarrollo de sus actividades.
Posteriormente, el legislador Miguel Martínez planteó inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de plenos del Poder Legislativo el nombre de María Vargas de Ita, impulsora de la apertura de espacios para la formación de nivel preescolar en el estado y en el país.
Asimismo, la diputada Citlalli Jaramillo y el diputado Juan de Dios Pontigo propusieron la incorporación de acciones que impidan el consumo ilegal de agua por medio de tomas clandestinas e incumplimientos de los trámites de regulación, para brindar eficiencia y calidad en la presentación del servicio y su consumo con responsabilidad en la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el estado.
Más adelante, la legisladora Marcia Torres hizo uso de la tribuna para exponer el proyecto que tiene como objetivo adicionar en la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación de la entidad, el fomentar, promocionar, estimular y dirigir estas actividades a las personas adultas mayores.
Después de ello, la legisladora Erika Rodríguez expuso incorporar el enfoque de la perspectiva de género en el proceso legislativo como un modelo metodológico a fin de identificar y disminuir las brechas de desigualdad estructural, exclusión de la normatividad y discriminación, por razón de género.
Continuamente, el diputado Ángel Tenorio planteó ante el pleno reformar la Ley para la Familia, para que la persona obligada a dar alimentos cumpla en asignar una pensión suficiente y adecuada para asegurar una vida digna y decorosa a las personas acreedoras. Del mismo modo, la cuantificación de dicha pensión deberá ser realizada con perspectiva
de género, considerando los factores sociales y económicos que han incidido en el núcleo familiar.
En su participación, la legisladora Sharon Macotela llamó a adicionar un párrafo a la Constitución Política del Estado para garantizar la armoniosa convivencia dentro de los centros escolares, mediante la aplicación de mecanismos alternativos de solución en conflictos, como la mediación escolar.
A continuación, en su calidad de secretaria de la Mesa Directiva, la diputada Citlalli Jaramillo dio lectura a la iniciativa que propusieron las y los ciudadanos hidalguenses que consiste en adicionar y derogar artículos del Código Penal, para prever que las relaciones sexuales con menores de 18 años son violación equiparada, y además, el término cópula deberá entenderse como la introducción del miembro viril, así como de cualquier objeto o miembro en el cuerpo humano por vía vaginal, anal y bucal.
Por otra parte, se aprobó con 23 votos el dictamen que reforma y adiciona a la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales y del Código Penal del estado, para regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados el procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, documento que posiciona a Hidalgo como el estado más avanzado en materia de protección animal.
Por último, se dictaminó con 24 sufragios modificar el Código Penal y la Ley de Salud de la entidad para prohibir el promover, impartir, aplicar, obligar o financiar cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.