PACHUCA DE SOTO, 10 NOV/NEWS HIDALGO/.- En el Sistema DIF Hidalgo se trabaja para salvaguardar la integridad física y emocional de la niñez y adolescencia hidalguense, además de brindarles la atención necesaria cuando se encuentran en situaciones de riesgo, esto con el fin de garantizar el pleno goce de sus derechos humanos, tal y como lo ha instruido la presidenta del Patronato, Edda Vite Ramos.
Por ello, a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (PPNNAyF) del Estado, dirigida por Karina Ramírez, se activan intervenciones ante reportes anónimos, presenciales o institucionales, sobre la posible vulneración de sus derechos, que, en virtud de la delicadeza de los casos, no es posible proporcionar detalles específicos sobre los mismos.
El Sistema DIF Hidalgo es el primer precursor en fortalecer a la familia como principal medida para el bienestar de las personas menores de edad, por lo que en la PPNNAyF se asegura que las niñas, niños y adolescentes (NNA) involucrados reciban todo el acompañamiento y protección que la ley dispone.
Es relevante destacar que, para que NNA sean susceptibles de adopción, es obligatorio el consentimiento expreso otorgado por la madre y padre, o la sentencia ejecutoriada que determine que los progenitores han perdido la patria potestad de sus hijas o hijos.
La PPNNAyF realiza una labor itinerante y multidisciplinaria. Durante el último año se ejecutaron 11 mil 852 medidas de protección en favor de niñas, niños y adolescentes que fueron vulnerados en sus derechos.
En ese sentido, la Procuradora de Protección a NNAyF lamentó que gran parte de los delitos cometidos contra las infancias provienen del propio núcleo familiar, por lo que hace un llamado a la población en general para reportar cualquier caso de vulneración de derechos.
La titular de la Procuraduría detalló que las infancias y adolescencias atendidas en los centros de asistencia social del DIFH, se encuentran ahí por la ejecución de una medida urgente de protección determinada por el ministerio público. Estas medidas son validadas por un juez, quien establece la pertinencia de la permanencia de la persona menor de edad en estos espacios.
Finalmente, la funcionaria enfatizó que, para denunciar cualquier tipo de amenaza, intimidación o coacción de cualquier servidor público de esa dependencia, pone a disposición de la ciudadanía el número 771 71 73 100, ext. 3035 y 3036 del Órgano Interno de Control, para que de ser el caso, se emprendan las acciones legales contra quien incurra en faltas al debido ejercicio de sus funciones.
