Exhorta Congreso de Hidalgo a diputados federales desahogar tema sobre violencia política en razón de género

PACHUCA DE SOTO, 11 Abr /News Hidalgo/.- El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Ricardo Baptista González, presentó una propuesta de acuerdo económico en materia de violencia política en razón de género, por el que se exhortó a la Cámara de Diputados federal a discutir, a la brevedad, el proyecto de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar a cada mujer que su participación en los procesos electorales y en el ejercicio de cargos públicos, no se vea comprometida su seguridad, integridad ni reputación.

El diputado Baptista González explicó que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene en sus manos, la revisión y discusión de la “Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

Por ello, Ricardo Baptista enfatizó que detener la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos posibles, es una tarea que no puede esperar, que demanda a la brevedad posible coincidir en posturas y proteger en sentido amplio los derechos de las mujeres.

En ese sentido, manifestó que normar la violencia política en razón de género desde el marco jurídico federal, establecerá un imperativo legal para las Entidades que aún no legislan en la materia y una matriz que determine e identifique la violencia política, dando pauta a una armonización legislativa en las entidades federativas, por lo tanto, contribuirá a la construcción de un andamiaje legal orientado a garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.

El legislador expuso que, en el marco de este proceso, el proyecto de decreto coincide en que la desigualdad de género es uno de los grandes dilemas de la democracia mexicana, que no solo afecta a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto.

Por lo que, informó, el proyecto de decreto pendiente de dictaminar en comisiones de la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo reconocer la definición de Violencia Política en razón de género.

Además, establecer las acciones y omisiones que configuran la Violencia política en razón de género; Instaurar la obligación por parte del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas para establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la Violencia Política en razón de género.

Instaurar la sanción para los servidores públicos, consistente en la destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; establecer que los procedimientos relacionados con infracciones por violencia política en razón de género sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.

También, garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos en aquellas entidades federativas que la legislación así lo establezca; que el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, a los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas deberán establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la Violencia Política en razón de género.

Y establecer la procedencia del juicio ciudadano en caso de que se considere la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política en razón de género, y que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales.

Ante ello, el diputado Ricardo Baptista indicó que para las mujeres el avance de la inclusión en asuntos políticos, desde el derecho al voto hasta el logro de la paridad en la integración de los órganos políticos, no ha sido fácil.

Informó que, a pesar de la elaboración del PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, aún es necesario que desde el ámbito legislativo se garantice a las mujeres el ejercicio de sus derechos político-electorales, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recordó que en el estado de Hidalgo, el pasado 30 de Julio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 464 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo y del Código Electoral del Estado de Hidalgo, derogándose el Título Vigésimo del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en materia de violencia política en razón en género.

En función de lo anterior, Baptista González dijo que es necesario que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

“El proyecto de decreto señalado ha pasado por un proceso legislativo muy largo desde su origen en el Senado, donde se aprobó el 9 de marzo de 2017, enviándose a la Cámara de Diputados para el debido proceso. Sin embargo, el proyecto se aprobó con modificaciones el 14 de diciembre de 2017, por lo que regresó al Senado para que se discutieran los cambios propuestos.

Debido a que las y los senadores no estuvieron de acuerdo con las modificaciones hechas por las y los diputados, se realizaron nuevamente cambios al proyecto, aprobándose el 25 de abril de 2018, y enviándose por segunda ocasión a la Cámara de Diputados para su análisis”, reveló.

Puntualizó que, en el marco de este proceso, el proyecto de decreto presenta un análisis comparativo de las convergencias y divergencias de los proyectos aprobados por cada Cámara, coincidiendo en que la desigualdad de género es uno de los grandes dilemas de la democracia mexicana, que no solo afecta a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto.