CIUDAD DE MÉXICO, 24 OCT/NEWS HIDALGO/.- El grupo mayoritario de socios cooperativistas y trabajadores de La Cruz Azul se manifestó en las instalaciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en contra del trato preferencial que magistrados de juzgados de lo civil han establecido a favor de la dirigencia de facto, encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez.
Demandaron a los integrantes de esa institución judicial, encabezada por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, revisar el actuar del juez 60° de lo civil del Tribunal de Justicia de la CDMX, José Manuel Salazar Uribe, toda vez que los actos de corrupción e impunidad en La Cruz Azul y en el Poder Judicial amenazan el proyecto de economía social de esta emblemática cooperativa.
En este contexto Ignacio Muñoz Romero, presidente de la Comisión de Conciliación y Arbitraje de La Cruz Azul, señaló que “es claro que en tribunales de lo civil, en particular en el juzgado 60°, hay dados cargados en contra de la base social mayoritaria de socios y trabajadores para favorecer a la minoría ‘fifí´, encabezada por Marín y Velázquez que, con su gestión, perjudican el derecho a un ingreso digno de las 17 mil familias de socios y trabajadores que dependen de sus actividades laborales en las instalaciones de la Cooperativa en Puebla, Aguascalientes, Oaxaca e Hidalgo, ya que no hay dinero ni para pagar sueldos, por lo que que exigimos piso parejo”.
Muñoz Romero reiteró que este grupo mayoritario respalda a la dirigencia electa en la Asamblea de agosto de 2020, que eligió a Federico Sarabia y a Alberto López como presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente, y que la Asamblea de septiembre de 2018 desconoció, eligiendo de manera irregular a José Antonio Marín y Víctor Velázquez.
“Más de 500 socios votamos en agosto de 2020 a favor de Federico Sarabia y Alberto López como nuestros dirigentes, lo que en los hechos representa más del 70% de los votos posibles en la cooperativa, cumpliendo a cabalidad con la ley y nuestras bases constitutivas, contrario a Marín y Velázquez, quienes buscaron realizar una Asamblea en un domicilio clandestino, no oficial, para dejar fuera a la base mayoritaria de socios y montar una votación a modo, violando la ley y las bases constitutivas”.
Muñoz Romero destacó que se buscará establecer mesas de trabajo con el Consejo de la Judicatura de la CDMX para revisar las resoluciones ilegales de los magistrados, así como el montaje de procesos en contra de algunos socios que están derivando en órdenes de aprehensión como medidas coercitivas y de amedrentamiento por parte de la dirigencia de facto de Marín y Velázquez, en colusión con algunos jueces.
