TIZAYUCA, 04 ABR /NEWS HIDALGO/.- Pareciera que el burocratismo y negligencia de las autoridades de procuración de justicia en Hidalgo sigue afectando la atención y servicio a la ciudadanía.
Mediante denuncia pública un ciudadano del municipio de Tizayuca dio a conocer la apatía e indiferencia con que actúan dos representantes sociales adscritos al ministerio público en la región Tizayuca, quiénes a cuatro meses de recuperado un vehículo que fue robado mediante fraude, no son capaces, o simplemente no quieren liberar a su dueño por motivos desconocidos el automóvil.
Así lo evidenció el afectado de nombre Jesús Rojas Salinas, quien relato el viacrucis que le están habiendo pasar servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de la representación social en Tizayuca a quienes identifico como Alberto Hernández Espinoza, titular de la mesa de investigación uno en esa jurisdicción judicial y Nahum Domínguez, agente del ministerio público que lleva la carpeta de investigación, quiénes solo le han dado largas y durante más de cien días desde que la policía recuperó el vehículo, no le pueden o no le quieren hacer la liberación del mismo.
El agraviado detallo que a principios de diciembre del año pasado, puso a la venta mediante redes sociales su vehículo Ford focus, color negro y fue contactado por un posible comprador con quién hizo el trato.
Sin embargo el interesado resultó ser un defraudador ya que la transferencia del costo del automóvil nunca la hizo y mediante engaños logro llevarse el vehículo sin la documentación del mismo ya que el pago seguía pendiente.
Luego de cometido el ilícito, la parte afectada denunció la comisión del delito y mediante carpeta de investigación con número de caso 13 – 2023 – 04884, las autoridades comenzaron la localización de la unidad que enseguida fue ubicada y asegurada en la zona por parte de la policía estatal que también realizó la detención de la persona que conducía el auto motor como probable responsable.
Cuando parecía que el afectado podía recuperar su unidad, resulta que la dilación en el procedimiento tanto para las puestas a disposición del vehículo y el presunto responsable por parte de los policías estatales así como la actuación tardía y burocrática del ministerio público, han imposibilitado que el propietario del auto pueda recuperarlo y a casi medio año de asegurado, continúa en el corralón de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, donde sigue generando cargos por concepto de encierro que las autoridades evidentemente no querrán asumir y mientras tanto los representantes sociales antes mencionados siguen dando largas para la liberación correspondiente.
Por este motivo la víctima del fraude recurrirá a la contraloría de la PGJEH y el área de asuntos internos para iniciar queja formal contra ambos servidores públicos por la probable irresponsabilidad y omisiones que pudieran estar cometiendo en el ejercicio de sus funciones en agravio de la víctima a la que se supone deberían de dar las facilidades y atención pronta y expedita.
