PACHUCA DE SOTO, 18 DIC /NEWS HIDALGO/.- Habitantes de la comunidad La Blanca, perteneciente al municipio de Santiago de Anayua viven con miedo y en constante angustia por el riesgo que corren en ese pueblo de artesanos de la pirotecnia que almacenan toneladas de pólvora y otros materiales explosivos que ya han cobrado la vida de muchas personas.
Vecinos de La Blanca que se han visto afectados dieron a conocer el latente riesgo a su integridad física y patrimonial que todos los días tienen que sortear derivado de las explosiones que históricamente han ocurrido en este lugar, donde apenas hace unas semanas se registró uno de los estallidos más graves que han ocurrido en la historia de esta localidad en la que murieron cinco personas y dos más resultaron gravemente lesionadas, ademas de los daños colaterales que dejó la onda expansiva que expulsó los escombros en varias viviendas cercanas al punto de la explosión.
Ante está situación de incertidumbre e inseguridad, los colonos que no se dedican a esta arriesgada actividad y que pidieron discreción en sus identidades para no tener problemas con la comunidad, revelaron que en la Blanca habitan alrededor de 800 personas, de las cuales el 90 por ciento se dedican a la fabricación de fuegos pirotécnicos y el resto que es la minoría a otras actividades económicas.
Esto causa que la gran mayoría de artesanos tengan sus talleres y bodegas de almacenamiento en sus casas, lo que convierte al pueblo literalmente en un enorme barril de pólvora que prácticamente tiene en constante riesgo la vida de los pobladores de todo el lugar.
Denunciaron que está situación data de hace décadas cuando inicio está actividad que se ha realizado siempre al margen y con la displicencia de las autoridades correspondientes, en este caso la Secretaria de la Defensa Nacional encargada de regular, sancionar y clausurar los polvorines que no cuentan con sus permisos correspondientes y que infringen las normas vigente para el manejo y almacenamiento de material explosivo que en la Blanca es evidente, está descontrolado ya que los pirotécnicos no solo elaboran los fuegos artificiales, también distribuyen y comercializan los químicos para la fabricación de la pólvora a pequeños productores, mismos que almacenan grandes cantidades de material inestable y la Sedena nunca se ocupa de supervisar y controlar está situación que tal vez tenga conflicto de intereses económicos recalcaron, ya que este negocio genera mucho dinero.
Otro grave problema que enfrentan quiénes realizan otra actividad, pero que tienen la necesidad de vivir ahí, es la resistencia de los dueños de los polvorines que se niegan a reubicar sus lugares de trabajo a predios alejados de la zona urbana, esto por cuestiones de comodidad pero sobre todo de negligencia e irresponsabilidad con la vida de los demás y la suya propia.
Los productores se aferran a mantener sus talleres en sus viviendas y terrenos particulares, sin importarles que estén junto a espacios públicos como escuelas, el campo de fútbol, tiendas y la iglesia, lo que representa un atentado para la vida de la gente, hecho que para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, solo se mantienen como espectadores del problema y actúan solo cuando ocurre una tragedia como la del pasado 28 de noviembre.
Es inexplicable señalaron, que nadie se ocupe de regular las condiciones laborales de quiénes trabajan en estos talleres la mayoría clandestinos, ya que los empleados son contratados por los dueños de los polvorines bajo condiciones de explotación laboral inhumana, no cuentan con seguro de vida ni servicio médico, no tienen espacios dignos como sanitarios, laboran en horarios prolongados y con un salario de aproximadamente 500 pesos.
Por estos motivos, quiénes sufrieron afectaciones piden la intervención de las autoridades federales y estatales para que se ocupen de este grave problema que nadie quiere reconocer y mucho menos atender y que tiene en riesgo la vida de cientos de personas que para el gobierno parecieran irrelevantes.
