PACHUCA DE SOTO, 07 ENE/News Hidalgo/.- En el Gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Contraloría, se fortalece la participación ciudadana e instrumentan acciones transversales que acreditan el buen uso de los recursos públicos.
Uno de los retos que en la Contraloría se tiene para el 2020 es la creación de una Ley de Protección a Denunciantes, así lo mencionó el titular del órgano de Control Estatal, César Román Mora Velázquez, “no hay ninguna legislación el día de hoy a nivel nacional que administrativamente proteja al denunciante”.
Es por tanto que se trabaja con el Comité de Participación Ciudadana y los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción para tener una ley que proteja a toda persona que, por compromiso ético deseé revelar información relativa a actos de corrupción.
Mora Velázquez hizo énfasis en que, actualmente existe una ausencia de mecanismos efectivos que favorezcan a denunciantes, y para el gobernador Omar Fayad es necesario que las personas que divulguen información de actos de corrupción o infracciones graves a la ley no sean sujetos de responsabilidades penales o administrativas.
Esta ley garantizará la protección al funcionario público o a cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos.
Para lo anterior dijo, se realizarán mesas técnicas en las que estarán presentes los contralores municipales quienes también participarán en la creación de la propuesta de ley que será planteada en el Congreso del Estado.
De igual forma, destacó, se pretende implementar un único sistema de denuncias ya que el día de hoy existen 264 opciones para poder denunciar, entre páginas, líneas telefónicas y ventanillas, por lo que es urgente establecer un solo mecanismo de denuncia, “así como la Secretaría de la Función Pública emitió su sistema alertadores, en el estado debemos implementar algo similar para tener una mayor información y coordinación con las alertas que se hagan en los municipios y en el Ejecutivo”.
Actualmente los denunciantes resultan ser una herramienta efectiva en el combate a la corrupción y quienes realizan este tipo acciones carecen de protección legal o constitucional. Por lo que resulta idóneo el planteamiento de emitir una norma legal en lo particular, para que quienes denuncian no sufran represalias.
