Corrupción cuesta a 9 mil millones de pesos en sectores públicos y privados: César Román Mora Velázquez
PACHUCA DE SOTO, 25 Oct/News Hidalgo/.- Durante la tarde de este viernes, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado del Hidalgo, que preside la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Susana Araceli Ángeles Quezada, sesionó para recibir la comparecencia del titular de la Secretaría de Contraloría, César Román Mora Velázquez.
Durante la ronda de preguntas y respuestas, el primero en realizar cuestionamientos fue el diputado morenista Víctor Osmind Guerrero Trejo externó una felicitación al titular de la Secretaría: “No solo se trata de criticar, también hay que reconocer el buen trabajo”, y mencionó que la instancia “será factor importante para que se vislumbren múltiples actos negativos de dependencias y autoridades municipales que incurran en corrupción o falta de transparencia”. Dijo que, en coordinación con el Poder Legislativo, “podemos llevar la voz a las dependencias, porque somos gestores para que estos actos se den a conocer”.
Inquirió además sobre las instancias que regulan las evaluaciones a la secretaría, quién decide que el trabajo que hacen es el correcto, preguntó Osmind Guerrero, y el secretario mencionó a la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, entidades con las que realizan reuniones y las cuales emiten observaciones, las cuales arrojan que la dependencia destaca en transparencia.
La representante partidista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Areli Rubí Miranda Ayala, preguntó ¿qué aportaciones se ha logrado y cuánto se ha invertido para el abono a la transparencia?, además, cuestionó sobre el avance del tema de que, en el año 2018, el Gobierno del estado tenía un monto pendiente por solventar de mil 720 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública. Mora Velázquez respondió que los logros que se han dado han sido bastantes, pero el tema de la corrupción es bastante amplio para atacarlo, se han modernizado todos los portales web del Gobierno del estado para garantizar la transparencia. Respecto a la observación, afirmó que el avance es del 90.4 por ciento, es decir, 154 millones de pesos es el único recurso que se tiene que solventar.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adela Pérez Espinoza, preguntó sobre las formas en cómo se capacitan a los comités de contraloría social ubicados en zonas indígenas y cómo se garantiza el acceso a la información en regiones donde predominan las lenguas indígenas.
El funcionario estatal apuntó que los comités de contraloría social, son un precedente a nivel nacional ya que en los lugares donde más se registran actos de corrupción, es en zonas indígenas, por ello es necesario que las convocatorias y material que dispone la Secretaría en estas regiones, se traduce a las lenguas maternas, con la finalidad de garantizar el acceso de la población de la entidad.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Areli Maya Monzalvo, cuestionó respecto a qué obedece la disminución del 17 por ciento en los indicadores de cumplimiento de la Contraloría Social. En respuesta, el secretario de Contraloría destacó que la disminución en los indicadores obedece a que los recursos federales con los que operan los programas que son revisados, aún no se han radicado los recursos, principalmente el programa Seguro Médico Siglo XXI, Infraestructura Indígena y los programas de apoyo a la cultura.
El coordinador del Grupo Legislativo panista, Asael Hernández Cerón, apuntó que se necesita una correcta rendición de cuentas y que se vigile de cerca la transparencia y preguntó sobre las acciones que realiza la dependencia con los resultados que han surgido en las auditorías.
En respuesta, Mora Velázquez apuntó que hoy se han presentado denuncias de hechos ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, de cinco presidentes municipales, “somos la primera entidad en temas de contraloría social, aumentamos en un 221 por ciento la cobertura de cada uno de estos comités, teniendo más de 3 mil en todo el estado”.
La diputada priista, Mayka Ortega Eguiluz, habló sobre el tema de la corrupción en el territorio hidalguense, por lo que preguntó que cuál es el costo de esta situación perniciosa en la entidad. Respondió Mora Velázquez que el costo de la corrupción es alto, afecta a todos los sectores del estado, “la corrupción de acuerdo a los estudios econométricos que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, considera que cuesta a México, el 9.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un 20 por ciento del gasto federal, para Hidalgo afecta alrededor de 9 mil millones de pesos, es el costo de lo que se hace o se deja de hacer en cualquier sector, público o privado”.
El legislador del PRI, Julio Manuel Valera Piedras, dijo que, “en lo que nos corresponde como legisladores, cómo podemos reforzar el tema de la Contraloría Social desde la perspectiva que usted ve como secretario”. Se le respondió que, “ustedes aprobaron una Ley que se homologaba con el Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual todos los organismos deben tener un órgano interno de control, el día de hoy deben tener tres instancias, investigadora, sustanciadora y resolutora, todavía en el estado aún no tenemos todos los entes, no estamos dando cumplimiento a la ley que se aprobó”.
Corina Martínez García, diputada morenista, expuso ante César Román Mora irregularidades que consideró haber encontrado en la Secretaría de Cultura: nepotismo y falta de transparencia en el manejo de facturación para prestadores de servicios, y preguntó sobre un anexo aprobado por la Legislatura para el gasto 2019 de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), y le pidió verificar el cumplimiento del presupuesto de egresos, “particularmente recursos destinados a municipios por 750 millones de pesos en un anexo complementario”.
El secretario dijo que es vital que los diputados, en su investidura y con la información con que cuentan hagan llegar a la secretaría datos para poder trabajar en ello, y que no duden en presentar denuncias cuando consideren que es necesario.
Dijo además que el delito de nepotismo ya no existe en la Ley General de Responsabilidades, pero que la dependencia realizará una revisión “para saber si existen anomalías”, explicó. En cuanto a la erogación que cuestionó la legisladora, en municipios, aseguró que se realizarán revisiones exhaustivas “para poder proporcionar datos específicos”.
La presidenta de la Junta de Gobierno de la Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, cuestionó respecto a las declaraciones patrimoniales de sujetos obligados, así como del convenio que firmó el Congreso del estado en la materia. En respuesta Mora Velázquez apuntó que es un gran reto; sin embargo, se está haciendo lo posible por que el estado y municipios, y la totalidad de las y los servidores públicos deben acatar y declarar, por lo que, en el último año, se cumplió en tiempo y forma.
La coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social (PES), Viridiana Jajaira Aceves Calva, habló en lo relativo a la empresaria Samanta Mendoza Gálvez, así como los indicadores de corrupción en Hidalgo.
En respuesta, el funcionario estatal dijo que la empresa fue sancionada conforme a derecho y que, derivado de los más altares estándares de calidad y certeza para la fiscalización, Hidalgo mantiene aceptables niveles de combate a la corrupción, con acciones de transparencia, fiscalización y cero tolerancia.
La diputada Susana Ángeles Quezada ahondó en los costos financieros de las tres áreas y la titularidad de órganos de control de la administración pública y mencionó el exhorto de la Legislatura para que la Secretaría de Finanzas Públicas otorgara recursos para el presupuesto. Inquirió además sobre la información respectiva y cuál es la visión institucional sobre los retos para 2020.
El secretario habló de la implementación de una plataforma que funcionará por medio de Código QR, que evitará discrecionalidad en las sanciones porque evitará el contacto directo entre auditores y auditados, porque los trámites se podrán hacer cada vez más por vía remota.
La legisladora dijo que “un organismo de contraloría interna está sujeto a presiones, no es un trabajo cómodo, por eso es importante que como legisladores podamos estar al pendiente del desempeño de los funcionarios”.
